El peronismo provincial expresó un enérgico reclamo al Ejecutivo por
“intentar trastocar el reglamento al enviar los pliegos para integrar la
Cámara de Ejecución Penal”. Asimismo, manifestó su preocupación por
la iniciativa oficial de reformar el sistema previsional.
En un encuentro celebrado este viernes en Rosario, y en su primer documento
público, la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista de la provincia de
Santa Fe señaló que es “inaceptable convalidar la alteración y uso arbitrario del
reglamento que establece el proceso tanto para la elevación de los pliegos
como las impugnaciones a los mismos”.
En ese sentido, el documento consigna que “el Ejecutivo envió a la Legislatura
la terna para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal y dos de esos
pliegos –los correspondientes a la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y su par
de Venado Tuerto Horacio Pueyrredón– fueron impugnados debido a que en el
concurso de selección ambos habían sido reprobados por el tribunal
evaluador”.
El escrito agrega: “Para conformar la terna de esa flamante institución, creada
en enero pasado, el Ejecutivo –y esto es lo más preocupante– eligió a dos
postulantes que inicialmente reprobaron el examen de idoneidad, es decir, no
superaron las pautas de evaluación”.
En otro párrafo, la mesa política se pregunta si “con esta decisión no se quiebra
la institucionalidad”. Y acto seguido ensayan una respuesta: “El gobernador, en
forma antirreglamentaria, autoriza la revaluación de los postulantes Pueyrredón
y Haurigot, en una clara maniobra que viola leyes provinciales básicas. De tal
modo, cuando se envía a la Legislatura el pliego con los «elegidos» por el
mandatario se altera no sólo el orden de mérito sino la igualdad ante la ley”.
El texto expone que el rechazo de los pliegos se justifica en “un claro
apartamiento de las reglas del concurso” y en “graves fallas en el proceso de
selección al incorporarse –con palmaria arbitrariedad y fundamentación
aparente– a los postulantes”. Por ello, aducen que la caída
de ambos pliegos “favorece la transparencia, la vigencia del principio de
igualdad entre los postulantes y el respeto del control de legalidad de los actos
de gobierno”.
El justicialismo provincial le solicita al Ejecutivo “que se garanticen la
transparencia, institucionalidad e idoneidad a la hora de realizar las
mencionadas designaciones” y que siga “los procedimientos que se han
cumplido a lo largo de los mandatos de todos los gobiernos que precedieron al
actual, cualquiera fuera su signo político”.
La dirigencia peronista se pregunta si el gobernador “está en conocimiento de
que estas propuestas están quebrando la institucionalidad. Porque este es un
principio valorado por todos los santafesinos a lo largo de su historia”.
Preocupación por la reforma previsional
Asimismo, el comunicado del PJ remarcó: “En concordancia con el respeto a la
institucionalidad, nos preocupa el impacto que tiene para con los trabajadores y
trabajadoras en general la reforma previsional, y el impacto económico que la
misma tendría en los trabajadores, tanto del sector público como del privado”.
En otro tramo del documento, la dirigencia del PJ sostiene que “el déficit de la
Caja de Jubilaciones de Santa Fe no puede recaer sobre las espaldas de
quienes trabajaron y aportaron durante décadas. Mucho menos si en esta
coyuntura se sufre la injusticia del incumplimiento de la Nación respecto de la
financiación del sistema previsional”.
Finalmente, se remarca que “no es posible pensar en una sociedad más justa e
igualitaria, por ejemplo, elevando la edad de jubilación de las mujeres por
encima de los 60 años. No se condice con una mirada democrática ajustar a
los más vulnerables”.
El texto concluye así: “Con un afán constructivo y propositivo, instamos al
Ejecutivo a seguir garantizando la institucionalidad de la provincia como valor
trascendente, más allá de partidismos o cuestiones coyunturales”.