La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe cerró el período legislativo 2023-2024 con la aprobación de 157 leyes, en su mayoría por unanimidad o amplias mayorías, y coronó la última sesión con la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, después de 62 años. “Son números que dan cuenta de un trabajo sostenido durante todos estos meses en las reuniones periódicas de las comisiones y de labor parlamentaria, donde se discutieron, mejoraron y acordaron las propuestas para llevar al recinto”, resaltó la presidenta del cuerpo, Clara García, primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia.
“De la totalidad de proyectos aprobados, 117 (75%) fueron votados por unanimidad, lo que expresa la voluntad de diálogo y la búsqueda de consensos que nos propusimos desde el primer día que asumimos en la Presidencia de la Cámara, y que fue acompañado por el conjunto de legisladoras y legisladores”, afirmó García. “Hemos aprobado leyes urgentes y otras que abordaron cuestiones de fondo; mensajes del Ejecutivo proyectos del Senado e iniciativas de las diputadas y diputados”, describió la legisladora, destacando en particular la reciente la sanción de la norma que inicia el proceso de reforma constitucional con 37 votos a favor sobre 50, después de sintetizar en un dictamen común los 9 proyectos presentados por miembros de distintos bloques. “Es un claro ejemplo de la manera en que trabajamos a lo largo de este primer año, que cierra con una ley de trascendencia histórica y refleja el cambio de época que vive la provincia”, resumió. En esa línea, también destacó La aprobación del Presupuesto 2025 con 44 votos positivos en la última sesión.
El trabajo legislativo arrancó en diciembre de 2023 con una batería de iniciativas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro para atender diversas urgencias. “Ese paquete de 26 proyectos aprobados en extraordinarias tuvo que ver fundamentalmente con la seguridad y la justicia, es decir, con un fuerte compromiso para devolverle la tranquilidad a la gente y para marcar un claro freno a la impunidad. La Ley de Emergencia en Seguridad permitió, al agilizar procedimientos administrativos, la incorporación de 1.000 móviles para garantizar el patrullaje en las principales ciudades y allí donde fuera necesario”, señaló García.
“Con la ley de narcomenudeo los fiscales provinciales hoy pueden llevar adelante investigaciones, derrumbar búnkeres y ordenar detenciones. Antes era una atribución de la justicia federal, con la falta de resultados que ya conocemos”, resaltó al tiempo que añadió la reforma al Ministerio Público de la Acusación, que permitió al organismo fijar una política más eficiente para perseguir el delito.
La titular de la Cámara baja también mencionó la modificación de la norma que regula las penas de las personas condenadas a fin de separar a los presos más peligrosos, que pasaron a estar bajo un régimen más estricto y restrictivo. Y la nueva ley de inteligencia, que permite gestionar información para prevenir el delito y dar batalla al crimen organizado. “En conjunto, estas herramientas fueron decisivas para mejorar las condiciones de seguridad, en especial en Rosario, lo que no marca un punto de llegada sino un camino que seguimos recorriendo y revisando”, aclaró.
Se sumó la emergencia en materia social, educativa y sanitaria con el objetivo de dar respuesta inmediata a los sectores más necesitados en un contexto de altos niveles de pobreza e indigencia, y poner en marcha distintos programas con la mayor celeridad. De la misma manera, con la emergencia hídrica y ambiental se atendió a localidades afectadas por distintos fenómenos climáticos.
“En esta Legislatura nos hemos animado a generar cambios fundamentales –continuó García-, como la reforma judicial, que se concretó a través de un trabajo puramente legislativo y contó con el aporte de varios bloques. El objetivo es lograr una justicia más cercana a la sociedad, más abierta, eficiente y con mayor legitimidad”, dijo. La iniciativa lleva la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo y detalla el mecanismo para la renovación, además de establecer otros lineamientos que apuntan a dotar de mayor transparencia al Poder Judicial.
Otra iniciativa surgida en la Cámara baja y que logró amplios consensos, fue la ley para la prevención de la ludopatía, una problemática que atraviesa a miles de familias y que con la pandemia y el acceso a la tecnología está causando graves problemas, sobre todo en los jóvenes. La norma, pionera en el país, establece un marco regulatorio para proteger a los usuarios y regular la industria del juego, tanto en entornos tradicionales como digitales. Fue la síntesis de proyectos de distintas bancadas y audiencias realizadas en el recinto.
“Tampoco esquivamos las cuestiones más complejas que imponen este momento del país y este gobierno nacional”, aseguró García en referencia a la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo: “Se conformó una comisión integrada por diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y trabajadores estatales que elaboraron un dictamen que mejoró la propuesta original. Hemos actuado con un gran sentido de la responsabilidad, salvaguardando los derechos e intereses de los santafesinos en el presente, pero también a futuro”.
La apertura y convocatoria de la Cámara fue permanente para abordar diferentes temáticas. Se realizaron innumerables reuniones con actores de la sociedad civil para abordar cuestiones como la prestación de servicios públicos, el estado de las rutas nacionales, las reformas a la justicia, y la situación de la educación pública y las universidades, entre otros temas.
“En 2025 aspiramos a seguir con este ritmo, coordinando el trabajo legislativo con el gobierno y el Senado para hacerlo más eficiente y avanzar con leyes que la provincia necesita a fin de mejorar la seguridad, garantizar la educación y la salud, el desarrollo y las obras de infraestructura para convertirse definitivamente en el motor productivo de la Argentina”, concluyó García.
