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El senador por el departamento San Lorenzo volvió a ingresar el proyecto que obliga a bares, restaurantes y heladerías de Santa Fe a detallar el valor calórico de sus platos. La iniciativa ya había logrado media sanción en 2024, pero perdió estado parlamentario en Diputados.

Con el firme objetivo de promover hábitos alimenticios saludables y garantizar el derecho a la información de los consumidores, el senador Armando Traferri presentó nuevamente el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exhibir el valor energético en las cartas de los establecimientos gastronómicos de toda la provincia.
La iniciativa alcanza a restaurantes, bares, cafés, confiterías y heladerías, quienes deberán informar las calorías de cada plato y bebida en todos sus formatos de menú: ya sean cartillas impresas, pizarras, códigos QR o publicaciones en redes sociales.
Información confiable y profesional
Un punto clave del proyecto impulsado por Traferri es el rigor científico. El texto establece que la información calórica detallada en las cartas debe contar con la certificación de un licenciado en Nutrición. «Buscamos que esta información sea confiable y no una mera formalidad; la intervención de profesionales garantiza que el ciudadano sepa fehacientemente qué está consumiendo», explicó el legislador sanlorencino.
Una deuda legislativa
No es la primera vez que esta propuesta llega a la Legislatura santafesina. En octubre de 2024, el proyecto obtuvo una contundente media sanción en la Cámara de Senadores, pero tras no ser tratado por la Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario.
«Hoy volvemos a ingresar este proyecto porque la necesidad de la gente sigue vigente y nuestra convicción también», manifestó Traferri. Para el senador, el rol del Estado es fundamental en la prevención de enfermedades crónicas: «Saber qué estás consumiendo es un derecho. Comer bien empieza por poder elegir bien, y para elegir bien es indispensable contar con información clara».
Salud pública y transparencia
De convertirse en ley, Santa Fe se posicionaría a la vanguardia nacional en materia de transparencia alimentaria. El proyecto no busca regular qué debe comer la población, sino dotar al ciudadano de la autonomía necesaria para decidir sobre su propia nutrición en un contexto donde el sedentarismo y la mala alimentación son preocupaciones centrales de la salud pública.
