Amenazas en escuelas: Allanamientos en el Departamento Caseros

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La ola de mensajes intimidatorios que afectó a establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe tuvo hoy un capítulo clave en el Departamento Caseros.
Amenazas en escuelas: Allanamientos en el Departamento Caseros
Tras una serie de operativos liderados por la Policía de Investigaciones (PDI), se logró identificar a tres menores de edad vinculados a pintadas amenazantes en escuelas de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina.
La investigación, coordinada por la fiscal Rocío Cosgaya y autorizada por la jueza Fabiola Piemonte, se activó tras la aparición de mensajes violentos en los baños de la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda. Las tareas de inteligencia señalaron como presunto autor a un alumno de 16 años, quien no solo habría realizado las pintadas, sino que también instigaba a otros compañeros a replicar estas acciones.
En simultáneo, se detectaron hechos similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, involucrando a menores de 12 y 11 años. Durante los allanamientos en los domicilios de los sospechosos, los agentes secuestraron:teléfonos celulares, computadoras y dos revólveres de juguete (a cebita) en la localidad de Arteaga.
El joven de 16 años fue trasladado a la sede policial para ser notificado de la causa por amenazas anónimas, mientras que los menores de edad restante quedaron bajo la órbita de las disposiciones escolares y familiares correspondientes.
Un costo alto: Intimaciones por 200 millones de pesos
Más allá de la responsabilidad penal o juvenil, el Gobierno de Santa Fe decidió avanzar sobre el patrimonio de los padres o tutores de los involucrados. Esta tarde se confirmó el envío de 39 intimaciones administrativas para cubrir los gastos operativos de los despliegues policiales.
La suma total reclamada asciende a 200 millones de pesos. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó que estos recursos (móviles, combustible, personal y horas hombre) fueron detraídos de la seguridad pública para atender falsas alarmas o actos vandálicos, por lo que el Estado busca el resarcimiento económico independientemente de la causa penal que lleva adelante el MPA, que ya tiene a 73 autores identificados en toda la provincia.
Firmeza ante la «psicosis» escolar
Con estas medidas, las autoridades buscan enviar un mensaje claro para frenar la proliferación de amenazas que obligaron a evacuar decenas de edificios escolares en las últimas semanas. «La investigación continúa en curso para determinar el alcance total de estos hechos», señalaron fuentes oficiales, advirtiendo que cada operativo derivará en una acción de cobro contra los responsables.