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Lo que comenzó como una serie de mensajes intimidatorios dirigidos a instituciones educativas del Cordón Industrial, ha escalado hacia una respuesta contundente de las autoridades.

Esta mañana, el silencio de Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán,se vio interrumpido por el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI), que ejecutó tres allanamientos claves para desactivar la ola de amenazas que mantiene en vilo a la comunidad educativa.
Bajo las órdenes del fiscal Maximiliano Nicosia, los operativos no solo buscaron a los responsables, sino también las pruebas digitales detrás de los mensajes.
El saldo de los procedimientos fue el secuestro de un verdadero arsenal tecnológico: 14 teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, que ahora serán sometidos a pericias para rastrear el origen de las intimidaciones.
En uno de los domicilios, la investigación dio un paso decisivo al identificar a un adolescente de 16 años. El joven fue trasladado a la sede policial junto a sus padres para quedar a disposición de la Justicia. La causa, caratulada inicialmente como intimidación pública, busca determinar el grado de participación del menor en las amenazas que alteraron el normal dictado de clases en la región.

Además de los elementos informáticos, los agentes hallaron en las viviendas una balanza de precisión y frascos con cogollos de marihuana, lo que abrió nuevas aristas en los procedimientos.
Con estos allanamientos, el Ministerio de Justicia y Seguridad busca enviar un mensaje claro: las amenazas a escuelas no son tomadas como simples bromas, sino como delitos que movilizan todo el aparato estatal para garantizar la tranquilidad de alumnos, docentes y familia.
