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El Gobierno provincial comenzó a notificar a los responsables de las falsas alarmas en escuelas. La primera intimación supera los 6 millones de pesos. El objetivo es recuperar más de 250 millones de pesos gastados en operativos de emergencia.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inició formalmente el proceso de recupero de activos por los gastos operativos derivados de las falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos. Este lunes, la Policía notificó la primera deuda a los padres de un menor identificado en la ciudad de Santa Fe, marcando el inicio de una ofensiva administrativa contra quienes afectan los recursos públicos.
Una notificación que impacta: el costo del despliegue
La primera intimación cursada asciende a $6.024.944. Según relató el ministro Pablo Cococcioni, al momento de recibir la notificación, la reacción del padre del menor involucrado fue lapidaria: “Cara la jodita”.
El monto no es azaroso ni funciona como una multa discrecional. El Ministerio explicó que el cálculo se basa en el costo real y auditable de cada intervención, que incluye:
- Consumo de combustible de los móviles desplazados.
- Amortización y uso de vehículos policiales.
- Despliegue de brigadas especializadas (como la de Explosivos).
- Horas de servicio del personal afectado que debió abandonar otras tareas de prevención.
El proceso legal: embargo de sueldos e inhibiciones
Cococcioni fue tajante al explicar que esta acción es de carácter civil y resarcitoria, lo que la independiza de cualquier proceso penal que pueda enfrentar el autor de la amenaza (sea menor o no).
- Responsabilidad Solidaria: Al ser autores menores de edad, la deuda recae sobre ambos padres.
- Plazos: Una vez recibida la notificación, los responsables tienen cinco días para abonar voluntariamente.
- Ejecución: Si no se realiza el pago, el legajo pasa a la Fiscalía de Estado para iniciar el cobro judicial. Al tratarse de una deuda civil regida por el Código Civil y Comercial, la provincia está facultada para solicitar el embargo de sueldos o la inhibición de bienes de los padres.
Cifras de un problema a gran escala
Hasta el momento, la provincia ha logrado identificar 58 hechos concretos con más de 70 personas involucradas (entre autores y adultos responsables). A medida que la Fiscalía valida las identidades, las notificaciones se emiten de forma automática.
Se estima que, solo por estos primeros casos identificados, el Estado santafesino reclamará una suma superior a los 250 millones de pesos.
«No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto del operativo. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos de los santafesinos», concluyó Cococcioni, quien confirmó que durante el resto de la jornada se continuarán despachando nuevas comisiones policiales para entregar más intimaciones.