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El Gobierno de Santa Fe intensificó las intimaciones para recuperar los costos de los operativos policiales. En un solo domicilio, una familia fue notificada por una deuda de casi 6 millones de pesos. «Se pueden embargar sueldos e inhibir bienes», advirtió el ministro Cococcioni.
El Gobierno provincial no da marcha atrás en su ofensiva contra las falsas amenazas en escuelas. Entre el viernes y el sábado pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad entregó 11 nuevas notificaciones en seis departamentos, exigiendo un resarcimiento económico que ya supera los 36 millones de pesos por el despliegue de operativos de emergencia.
Las intimaciones llegaron a domicilios de los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. El objetivo es claro: que los adultos responsables asuman el costo patrimonial de las acciones de los menores identificados.
«No te da vergüenza»: el impacto en las familias
Uno de los momentos más tensos de las recorridas policiales ocurrió cuando una abuela increpó a su nieto tras recibir la notificación: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, le espetó, tras enterarse de que la familia deberá abonar $5.802.007 por los gastos operativos derivados de una falsa alarma.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante respecto a la naturaleza de estas medidas: “No es una multa ni una pena: es una deuda civil. No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”. El cálculo incluye el combustible de los patrulleros, el despliegue de brigadas de explosivos y las horas de servicio del personal afectado.
Plazos y consecuencias legales
Las familias notificadas tienen un plazo de cinco días para abonar la deuda de forma voluntaria. De no hacerlo, el expediente pasa a la Fiscalía de Estado, lo que habilita la vía judicial para:Embargo de sueldos. inhibición de bienes, ejecuciones civiles bajo el Código Civil y Comercial.
“A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, añadió el funcionario, aclarando que esta acción administrativa es independiente de cualquier sanción penal que pueda recaer sobre los autores de las amenazas.
Con esta medida, la provincia busca sentar un precedente y frenar la ola de llamadas anónimas que, además de generar pánico en la comunidad educativa, desvía recursos críticos de seguridad que deberían estar destinados a la prevención del delito real.