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El Concejo Municipal de Capitán Bermúdez llevó a cabo su 16° sesión ordinaria del año, una jornada parlamentaria marcada por el tratamiento de problemáticas urbanas vigentes y la sanción unánime de normativas de salud pública y seguridad ciudadana.
Entre los despachos aprobados por la totalidad del cuerpo legislativo se destacó el Dictamen 49°, el cual dio forma a una nueva Ordenanza que prohíbe de manera efectiva el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier dispositivo tecnológico similar en espacios cerrados de acceso público dentro de la ciudad. Asimismo, la normativa veda por completo la venta de estos insumos a personas menores de 18 años.
En materia de seguridad, los ediles aprobaron por unanimidad el Dictamen 50°, un Decreto que declara la profunda preocupación legislativa ante los reiterados hurtos y la sistemática sustracción de cableado urbano. La norma insta a profundizar las acciones punitivas y de prevención en toda la jurisdicción, solicitando formalmente al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que optimice las tareas de patrullaje. Además, se elevó un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que las fuerzas federales colaboren en el control de rutas e inspecciones sobre el mercado ilegal de metales no ferrosos (cobre), buscando desarticular las redes clandestinas de acopio y fundición.
En paralelo, se le exigió al Ejecutivo local un informe detallado sobre el funcionamiento actual del Centro de Monitoreo.
Durante la sesión también ingresaron diversas iniciativas de los bloques políticos que pasaron a comisiones para su posterior análisis. El Partido Justicialista presentó una Minuta de Comunicación para evaluar la asistencia y educación financiera a familias de la ciudad en crisis.
Por su parte, la edila Sol Ventura solicitó el acondicionamiento o creación de una plaza recreativa en Barrio Quinta Cairo.
Finalmente, el bloque de La Libertad Avanza ingresó dos proyectos: uno enfocado en la reparación de una tapa de cloacas en Avellaneda y Avenida Belgrano, y otro de índole política que rechaza el proyecto de ley con media sanción del Senado provincial vinculado a la regulación de los denominados «discursos de odio».