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La Justicia dictó 90 días de prisión para una joven de 24 años y su hermano de 21. Se hacían pasar por legítimos usuarios y denunciaban falsos robos en su casa para justificar la desaparición de pistolas calibre 9 milímetros y .380.
Dos hermanos residentes de la ciudad de Granadero Baigorria fueron sometidos este martes a una audiencia imputativa, acusados de utilizar su condición de legítimos usuarios para adquirir armas de fuego de manera legal y luego desviarlas al mercado ilegal. La jueza Mariana Prunotto hizo lugar al pedido de la fiscal Juliana González y dictó la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días para ambos involucrados.
Los imputados fueron identificados como Agustina Geraldine Madrid, de 24 años (quien declaró ser ama de casa), y Alan Ezequiel Madrid, de 21 años (quien manifestó desempeñarse como chofer de una aplicación de viajes). De acuerdo con la investigación, el joven adquirió dos pistolas calibre 9 milímetros a comienzos de este año, mientras que su hermana compró cuatro armas —dos calibre 9 milímetros y dos calibre .380— entre 2023 y la actualidad.
La maniobra delictiva comenzó a ventilarse a partir de las sospechas que generaron las denuncias por supuestos robos en la vivienda familiar. En diciembre del año pasado, la joven denunció que delincuentes ingresaron por una ventana abierta y le sustrajeron una pistola 9 milímetros con dos cargadores; argumentó tener cámaras de seguridad pero no poseer almacenamiento en la nube para aportar los videos.
En abril de este año, su hermano denunció un presunto escruche mientras estaba en un boliche, asegurando el faltante de tres armas, una consola de juegos y ropa. Sin embargo, el personal del Comando Radioeléctrico que acudió al lugar constató que ninguna puerta ni ventana presentaba signos de violencia.
La situación colapsó el pasado viernes cuando la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario allanó el domicilio de los hermanos, ubicado en la calle 21 de Septiembre al 400. En el inmueble no se encontró ninguna de las armas que, según los registros oficiales del Renar (actual ANMaC), debían estar en su poder. La hipótesis principal de la Fiscalía determina que el armamento fue vendido a bandas delictivas del mercado negro, utilizando los robos simulados como una burda justificación legal para encubrir los faltantes.