Alerta ambiental en Fray Luis Beltrán por la ex Ar Zinc

La historia de la ex planta de Ar Zinc en Fray Luis Beltrán sumó este viernes un nuevo capítulo judicial.

El juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, dictó una resolución con carácter de urgente para obligar a los propietarios del predio a contener lo que en la región ya se describe abiertamente como una verdadera bomba de tiempo ambiental. La orden impone un ultimátum estricto de 10 días para presentar un plan de contingencia que evite un desastre mayor en las costas de la región.

Para entender la magnitud del peligro hay que retroceder en el tiempo. Fundada en la década de 1950 y conocida popularmente como Sulfacid, la fábrica llegó a ser la única productora de zinc electrolítico de Argentina, un gigante industrial que en 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore. Sin embargo, la historia de esplendor terminó abruptamente en 2016. De la noche a la mañana, las puertas se cerraron, dejando a 400 trabajadores en la calle y transformando las 50 hectáreas del predio, ubicado sobre la Ruta 11, en un esqueleto de metal abandonado.

Pero el verdadero peligro quedó oculto bajo el suelo. Durante décadas de producción, toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados —como la jarosita— quedaron sepultadas en el lugar. Desde hace por lo menos seis años, las denuncias vecinales y ambientales se acumulan sin respuestas efectivas. De hecho, la empresa ya había ignorado una orden judicial civil en 2022 que le exigía asegurar el terreno.

Hoy, la situación escaló a un nivel crítico. A instancias de una presentación del fiscal Maximiliano Nicosia, la Justicia advirtió que la barranca que linda con el río Paraná se encuentra en un estado alarmante y con riesgo inminente de desmoronamiento. El peligro ambiental adquiere un tono de urgencia ante los pronósticos del fenómeno climático «El Niño» para los próximos meses: si la tierra cede, las toneladas de desechos químicos sepultados caerán directo a las aguas del río Paraná, provocando una contaminación masiva e irreversible.

Ante esta amenaza, el fallo judicial obliga a los responsables a iniciar de inmediato el apuntalamiento de la barranca, el cerramiento perimetral total para evitar que personas ingresen y resulten afectadas, y el tratamiento definitivo de los residuos contaminantes. El cronograma dispuesto no deja margen de maniobra: tras los primeros 10 días para definir la estrategia de remoción o contención, la firma tendrá 15 días para exhibir los planos técnicos y un plazo máximo e improrrogable de 8 meses para terminar las obras bajo una estricta lupa estatal que incluirá informes quincenales auditados por el Ministerio de Ambiente provincial y la Fiscalía Regional.