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Instituciones denuncian que la desregulación de la ley 24.901 dejaría a las familias «acorraladas». Advierten por el cierre de centros de día y un desfinanciamiento crítico.
La comunidad de profesionales y familiares de personas con discapacidad se encuentra en estado de alerta máxima. El rechazo surge tras el envío al Congreso del proyecto de ley “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y la reciente eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Referentes del sector advirtieron que estas medidas buscan desregular el sistema actual, lo que impactaría directamente en la calidad de atención y en la supervivencia de las instituciones.
Los puntos clave del conflicto
- Desregulación de aranceles: El proyecto afectaría la Ley 24.901 de prestaciones básicas. Según denuncian, esto permitiría que cada obra social fije sus propios valores de pago, rompiendo el sistema solidario actual.
- Cierre de instituciones: La falta de recursos económicos ya provocó el cierre de centros de día, dejando a pacientes sin sus terapias y espacios de contención.
- Vulnerabilidad social: Los especialistas señalan que los más perjudicados serán quienes no cuentan con recursos propios, ya que el sistema actual garantiza el acceso equitativo sin importar la condición económica.
El temor por el «desamparo»
Para las instituciones, el texto oficialista no solo recorta recursos, sino que deja a los profesionales y a las familias en una situación de total incertidumbre. «El sistema que permite que todas las personas accedan a la prestación que necesitan se terminaría», explicaron desde las entidades afectadas.
El sector espera que el debate en el Senado contemple la realidad de los prestadores, quienes aseguran que el desfinanciamiento ya está mostrando consecuencias concretas en la atención diaria.
En San Lorenzo se realizará una actividad este miércoles 29 a las 16 horas en el Paseo del Pino con el fin de visivilizar la situación de riesgo que se atraviesa .