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La familia de un menor de 13 años recurrió la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Mientras la defensa cuestiona la base legal del reclamo, el Gobierno provincial ratifica su política de «tolerancia cero» para recuperar los costos de los operativos.
El abogado Rodolfo Mingarini confirmó la impugnación de una multa de 6 millones de pesos contra la familia de un adolescente de 13 años, tras una supuesta amenaza de bomba. El letrado calificó el procedimiento como «absolutamente inválido», argumentando que la sanción se basa en una directiva interna y no en una ley aprobada por la Legislatura o una sentencia judicial firme. Además, denunció una fuerte desproporción en el operativo de notificación, que contó con diez efectivos policiales para un caso donde, según afirma, ni siquiera hubo despliegue de brigadas tácticas.
Por su parte, desde el Gobierno de Santa Fe defienden la legitimidad de estas intimaciones. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a voceros oficiales, sostienen que estas amenazas no son bromas sino delitos de intimidación pública que afectan recursos del Estado y generan alarma social.
La postura oficial es clara: el Estado busca recuperar el dinero público invertido en cada procedimiento, que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos por evento. Hasta el momento, la provincia ha emitido decenas de notificaciones similares, advirtiendo que, de no abonarse, la Fiscalía de Estado iniciará acciones legales para ejecutar los cobros mediante embargos o inhibiciones