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En una sola jornada se registraron 65 incidentes. Las autoridades recordaron que las amenazas «no son una broma» sino un delito penal y que los operativos serán facturados a los padres o tutores de los menores involucrados.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe endureció su postura frente a la ola de amenazas, pintadas y mensajes intimidatorios que afectan a establecimientos educativos. En una conferencia encabezada por los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Educación, José Goity, se informó que solo el pasado viernes se contabilizaron 65 incidencias que obligaron a desplegar protocolos de emergencia.
El costo de la «broma»: consecuencias económicas
Uno de los puntos más fuertes del anuncio fue el impacto económico que estas falsas alarmas generan al Estado. Según detalló Cococcioni, cada operativo policial y de emergencia tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia iniciará acciones legales para reclamar el resarcimiento económico a los responsables identificados. «Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables. No son una broma, constituyen un delito de intimidación pública», sentenció el ministro de Seguridad.
Antecedentes y sanciones legales
Además del golpe al bolsillo, las autoridades recordaron que estas conductas están tipificadas en el Artículo 211 del Código Penal. Aunque los involucrados sean menores de edad, las actuaciones judiciales pueden dejar antecedentes que afecten su futuro, como:
- Dificultades para obtener certificados de buena conducta.
- Restricciones para viajar al exterior.
- Secuestro de dispositivos electrónicos y allanamientos en los hogares.
Un llamado a la responsabilidad familiar
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, instó a las familias a fortalecer el diálogo y la supervisión del uso de redes sociales, señalando que muchas de estas amenazas surgen de «desafíos virales».
«Es necesario construir una alianza entre la escuela y las familias para prevenir estas situaciones que alteran el funcionamiento normal de las clases y generan una angustia innecesaria en toda la sociedad», afirmó Goity. Desde el área de Educación se incorporarán estas acciones como «faltas gravísimas» dentro de los acuerdos de convivencia escolar.