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El gremio denunció que el concurso internacional para sumar socios privados es una maniobra direccionada hacia la OTAN. Alertan por las condiciones exclusivas de los pliegos y el riesgo latente sobre los 280 puestos de trabajo locales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encendió las alarmas en el cordón industrial santafesino ante el lanzamiento del Concurso Público CPU-2026-SC-001 por parte de Fabricaciones Militares. Según la denuncia pública realizada por Fernando Peirano, delegado general de ATE en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la convocatoria del Gobierno nacional para incorporar capitales privados nacionales y extranjeros bajo la figura de Uniones Transitorias constituye una privatización encubierta que contradice el espíritu de las leyes vigentes.
El pliego oficial estipula que la presentación de ofertas se realizará el próximo 15 de septiembre, con una apertura de sobres programada para el día siguiente. Aunque el Ejecutivo nacional sostiene que el proceso no contempla la venta de activos y que busca atraer inversiones estratégicas para la modernización de las plantas, las condiciones fijadas generaron un fuerte rechazo gremial. Entre los puntos más cuestionados se destacan la exclusión explícita de empresas estatales, la exigencia de una trayectoria mínima de 15 años, un costo de 35.000 dólares para acceder al pliego y una garantía de 5 millones de dólares para realizar impugnaciones.
Desde el sector sindical remarcaron que el procedimiento se encuentra direccionado para favorecer a corporaciones vinculadas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Peirano recordó que la Ley de Bases N° 27.742 prohibió expresamente la privatización de Fabricaciones Militares, pero advirtió que el oficialismo transformó previamente la firma en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) para habilitar de forma indirecta estas asociaciones con firmas privadas y saltear la restricción del Congreso.
La mayor preocupación radica en la sustentabilidad de los puestos laborales de la región. De acuerdo con datos del INDEC, la dotación de la firma estatal experimentó una reducción del 31,2% durante la actual gestión, descendiendo de 1.488 empleados en noviembre de 2023 a 1.023 en julio de 2026, de los cuales 280 corresponden a la sede de Fray Luis Beltrán.
Ante este escenario, el sindicato ratificó el inicio de un plan de lucha con diversas acciones territoriales y reuniones con legisladores nacionales para defender la continuidad operativa y el convenio colectivo de la histórica planta de municiones y chalecos balísticos.
