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Acción patrimonial contra las amenazas en escuelas: el Gobierno Provincial intima a los padres de los implicados para resarcir los gastos operativos de la Policía.
El Gobierno de Santa Fe, bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, decidió pasar factura por las falsas amenazas de bomba en las escuelas. El Ministerio de Justicia y Seguridad inició una ofensiva legal para recuperar los aproximadamente 200 millones de pesos invertidos en operativos policiales.
A través de una acción administrativa independiente de la vía penal, la provincia ya envió 39 notificaciones a los padres o responsables de los autores identificados. Según detalló Blanca Diakaki, subsecretaria de Legal y Técnica, cada despliegue le cuesta a los santafesinos entre 5 y 11 millones de pesos, dependiendo de su magnitud.
Mientras el Ministerio Público de la Acusación avanza en la identificación de 73 responsables, el Estado Provincial busca que quienes generaron este riesgo asuman el costo económico, bajo la premisa de proteger cada centavo de los recursos públicos.