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Jorge Aragón, accionista minoritario de la firma procesadora de residuos peligrosos, rompió el silencio. Apuntó contra el antiguo directorio por «cobrar por tratamientos que no hacían» y denunció que miles de toneladas de tóxicos fueron descartadas ilegalmente en cavas de la región.
En una entrevista que arroja luz sobre el oscuro presente de la empresa IDM, uno de sus accionistas minoritarios, Jorge Aragón, expuso una trama que combina desfalco financiero, negligencia ambiental y precarización laboral extrema tras la reciente venta de la mayoría accionaria al grupo Caterina Group.
Según el relato de Aragón, la crisis comenzó tras la muerte del histórico presidente de la firma, Enrique Lauría, en 2018. A partir de allí, el directorio —integrado entonces por Sandra Cardozo, Patricia Álvarez y Oscar Longone— habría iniciado una maniobra de fraude sistemático.
«El directorio anterior le cobraba a las empresas por tratar sus residuos, les entregaba un certificado de disposición final y una factura, pero la mayoría de los residuos no se procesaban. Los amontonaban en galpones gigantescos hasta que no hubo más espacio», detalló Aragón. Ante la saturación, la solución habría sido el descarte clandestino: se estima que más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos fueron arrojadas en cavas de la zona, incluyendo predios en Fray Luis Beltrán.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia refiere al destino de los trabajadores. Mientras que la nueva gestión comunicó públicamente que se habían salvado 120 puestos de trabajo, Aragón desmiente rotundamente esa versión:De 120 empleados, solo quedarían 20. Cerca de 100 familias perdieron su sustento. El accionista denunció que a los empleados se les adeudaron meses de sueldo para «quebrarlos» económicamente y luego ofrecer una cifra baja en calidad de retiros voluntarios «A alguien que le correspondían 50 millones de pesos, le ofrecían 20 millones en 10 cuotas. Si no tenés para comer ni para pagar el alquiler, la gente terminaba aceptando por desesperación», afirmó.
Intervención de la Justicia Federal
La gravedad de los hechos, especialmente lo referido a la contaminación con residuos de categorías Y1 a Y44 (los de máxima peligrosidad), ya está en manos de la Fiscalía Federal.
Aragón confirmó que fue convocado por la justicia para ratificar sus dichos y presentar pruebas. En el centro de la investigación aparece también la figura de Diego Morales, exsecretario del directorio anterior y el único directivo que permaneció en la firma tras la compra por parte de Caterina Group, señalado como el «estratega» detrás de los movimientos de la empresa.
La situación de IDM deja de ser un conflicto societario para transformarse en una emergencia regional que afecta la salud ambiental del cordón industrial y el futuro de cientos de trabajadores.