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El referente del Frente Amplio por la Soberanía, Lucio Addino, vinculó el feroz incendio de 70 hectáreas en la reserva natural con el mismo empresario que intentó privatizar de forma clandestina el extremo norte de la isla. Presentarán pedidos de informe y sanciones ejemplares ante el Concejo Municipal y el Juez de Faltas.
El cuidado de los humedales de nuestra región volvió a quedar en el centro de la escena tras dos hechos de extrema gravedad que afectaron de forma directa a la Isla de los Mástiles. En una entrevista con los micrófonos de MIX, el referente del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Lucio Addino, expuso la crítica situación ambiental del territorio y apuntó contra el accionar de un conocido grupo empresario, uniendo los recientes focos de incendio intencionales con los previos intentos de ocupación ilegal en la jurisdicción de Capitán Bermúdez.
«Hubieron dos hechos muy graves estas últimas semanas para nosotros. Por un lado, el intento de ocupación por parte de un empresario en la zona de la Isla de los Mástiles de Capitán Bermúdez, y por el otro, el incendio que sucedió justamente el fin de semana en la zona de Granadero Baigorria, pero que es el mismo territorio», advirtió Addino, remarcando la importancia sistémica de este pulmón ecológico que alberga casi el 70% de la biodiversidad de la región y genera gran parte del oxígeno local.
Incendios intencionales como presunta represalia
La quema de pastizales, un flagelo recurrente en el delta, sumó un capítulo alarmante al constatarse la afectación de más de 70 hectáreas en el humedal. Basándose en peritajes técnicos que establecen un 97% de probabilidades de intencionalidad, el referente del FAS descartó cualquier factor natural y trazó una preocupante línea de investigación: «Estamos atando cabos, porque el incendio puede llegar a estar relacionado con el empresario que quiso ocupar previamente el puntazo de Bermúdez para instalar un monstruo de suelos con maquinaria pesada. Al parar la instalación de este emprendimiento gracias a la alerta de distintas organizaciones, sospechamos que la misma persona pudo iniciar los incendios en forma de represalia».
Al ser consultado sobre la identidad del responsable de la deforestación y los movimientos de tierra clandestinos en la zona norte, Addino confirmó que se trata del mismo empresario vinculado anteriormente al espacio comercial de Puerto Pirata. Según detalló, el acta labrada en el lugar por la guardia rural «Los Pumas» arrojó luz sobre un polémico entramado: el privado alega poseer una especie de convenio y haber abonado un canon a la Municipalidad de Capitán Bermúdez para avanzar con las obras.
La pulseada por el modelo de desarrollo y las actividades incompatibles
El conflicto saca a la superficie una discusión profunda sobre las lógicas de explotación comercial en áreas protegidas. Si bien en el Concejo Deliberante local existía un expediente archivado para la construcción de un parador controlado con cabañas, el accionar real en el territorio demostró un impacto ambiental severo y sin ningún tipo de sustento sostenible. Addino denunció que en el lugar ya se venían realizando actividades completamente incompatibles con una reserva natural, tales como la realización de boliches nocturnos los fines de semana cuyos ruidos impactaban directamente en la fauna autóctona, dejando además toneladas de residuos enterrados y latas de cerveza que terminaban contaminando el río.
El rol del Ministerio de Ambiente y el control comunitario
A partir de la presión social y de los vecinos que salieron a alertar sobre la situación, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe actuó en consecuencia para frenar las obras. No obstante, Addino remarcó que el caso deja al descubierto serias fallas en la vigilancia del territorio. «Uno se queda preguntando: ¿quién controla? Que esta gente haya podido acercar maquinaria pesada a las islas deja en claro que puede pasar cualquier cosa. Hoy el cuidado real lo está ejerciendo la propia comunidad; aquellos que van, respetan y disfrutan de la reserva natural fueron quienes divisaron los movimientos extraños y activaron los protocolos de alerta junto a la Intersectorial», enfatizó.
Para evitar futuros avasallamientos, el referente del FAS reclamó que la provincia garantice una protección efectiva mediante la inversión en infraestructura y la presencia permanente de guardaparques. Asimismo, instó a una articulación urgente entre el gobierno provincial, los municipios y la guardia Los Pumas para establecer puestos de control eficaces, argumentando que «cualquiera puede amarrar una embarcación, desembarcar maquinaria o llevarse cualquier cosa de la isla». Además, insistió en la necesidad imperiosa de implementar un plan de manejo del fuego robusto y protocolos de acción inmediata para proteger las hectáreas remanentes del humedal.
Ofensiva institucional en el Concejo y la Justicia de Faltas
Frente a este escenario, el Frente Amplio por la Soberanía formalizará una fuerte ofensiva institucional entre las jornadas de este lunes y martes:
- En el Concejo Municipal: Se ingresará formalmente el pedido de informes exhaustivo para que las autoridades aclaren la veracidad del supuesto convenio alegado por el empresario y se exprese un rechazo unánime a la privatización del humedal. El FAS busca impulsar actividades deportivas, visitas guiadas y avistajes que permitan el disfrute social de la isla sin interrumpir sus procesos naturales.
- Ante el Juez de Faltas: Se exigirá la aplicación de normativas locales para establecer sanciones ejemplificadoras. «Nadie puede ir a un espacio público, como una plaza, y montar un emprendimiento de la nada sin considerar el impacto ambiental. Vamos a solicitar una medida penalizadora estricta, como la prohibición total de que este empresario pueda realizar cualquier tipo de actividad comercial en el ámbito municipal en el futuro», concluyó Addino de forma categórica.