Piden prisión para exfuncionarios por la causa Petroquímica Bermúdez

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En los Tribunales Provinciales de San Lorenzo se llevó adelante la audiencia preliminar al juicio oral a los identificados como Patricio Serjal por los delitos de Abuso de autoridad; Encubrimiento agravado por ser funcionario público; Omisión de persecución penal. Solicitando la pena de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función publica. Y a Gustavo Luzzini  por los delitos de Abuso de autoridad; encubrimiento agravado por su condición de funcionario publico todo en concurso ideal en carácter de autor. Se solicita una pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El Juez de Primera Instancia Carlos Gazza resolvió admitidar la acusación de manera integra presentada por parte de la Fiscalía en relación a ambos acusados, rechazar los planteo de prescripción de la acción y de sobreseimiento y archivo jurisdiccional por parte de las defensas. Disponer la continuación de la audiencia teniendo previsto los plazos.
Los Fiscales José Luis Caterina y Luis Schiappa Pietra acusaron a Patricio Serjal de haber incumplido sus obligaciones que le correspondían como Fiscal Regional de Rosario, omitiendo perseguir penalmente un delito sin tener autorización legal y encubrir de esta manera el delito cometido por otros. En su rol de Fiscal en fecha 29 de febrero de 2019, dictó una instrucción mediante la cual instruyo a un Fiscal de la Unidad Fiscal San Lorenzo para que aplique un criterio de oportunidad y archive una investigación penal sin habilitación legal. La misma fue dictada a instancias de lo solicitado por el Fiscal interviniente en la causa ante un pedido conjunto presentado por los representantes de Petroquímica Bermúdez S.A. y el Fiscal de Estado Adjunto que pretendia la aplicación de un principio de oportunidad. El acusado actuó a sabiendas que el suelo, el agua, el aire y el medioambiente en general del predio sito en calle Ruta 11 Km 325.5 (Diagonal Celulosa S/N) se encontraban envenenados, adulterados y/o contaminados y que todo ello representaba un peligro para la salud de la población. El caso no se encuentra previsto en la ley procesal penal para ser alcanzado por el principio de oportunidad y esa conducta resulta contraria a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, normas legales y administrativas, y otras normas reglamentarias vigentes dictadas en el ámbito del MPA; particularmente sobre delitos ambientales. Estas conductas permitieron que los directores y/o responsables de la empresa eludan la acción penal remuevan irregularmente el pasivo ambiental incumpliendo las normas que regulan la actividad. Esto ademas permitió que los responsables de la organización no hagan las inversiones dinerarias y de recursos materiales y humanos para cumplir conforme la ley con su obligación de reparación y relocalizacion del pasivo ambiental generado.
A Gustavo Luzzini se lo acusa de haber incumplido las obligaciones que le cabían como Fiscal de Estado conforme la legislación vigente y de encubrir el delito cometido por otros, conforme las siguientes circunstancias. El 21 de diciembre de 2018 solicitó de manera conjunta con los representantes de Petroquímica Bermúdez S.A. la aplicación de un principio de oportunidad contemplado en el articulo 19 del C.P.P). En fecha 8 de marzo de 2019 en el marco tomó parte de una audiencia en carácter de Fiscal de Estado Adjunto e invocando la representación de la provincia de Santa Fe. En esa audiencia, cuando el juez de Primera Instancia que tomo parte en la causa, consultó sobre la procedencia de lo solicitado por el Fiscal interviniente manifestó ante el magistrado que ratificaba lo dicho por el Fiscal del MPA, coincidió con el criterio y manifestó que había un desinterés por parte del Estado en proseguir la acción penal. Estos actos fueron llevados a cabo a sabiendas que el suelo, el agua, el aire y el medioambiente del predio Ruta 11 Km 325.5 (Diagonal Celulosa S/N) se encontraban envenenados, adulterados y/o contaminados y que todo ello representaba un peligro para la salud de la población no haciendo saber al juez en audiencia. Todo esto lo hizo a sabiendas que implicaba un incumpliendo de las normas legales y constitucionales vigentes que regulan su actuación. Este accionar permitió que los directores y/o responsables de la empresa Petroquímica Bermúdez, responsables de la producción de ese pasivo ambiental – puedan eludir la acción penal y remover irregularmente el pasivo ambiental, incumpliendo las normas que regulan esa actividad. Esto además permitió que los responsables de esa empresa no hagan las inversiones dinerarias y de recursos materiales y humanos para cumplir conforme la ley con su obligación de reparación y relocalización del pasivo ambiental generado.